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jeudi 25 juillet 2013

EUROVEGAS

Adelson presenta su proyecto de Eurovegas a la Comunidad

El informe contiene un estudio de impacto económico con las previsiones de empleo en Madrid

Además incluye un plan detallado de las características del macrocomplejo

Tiene una memoria ambiental




Ignacio González junto al magnate Sheldon Adelson. / U. MARTÍN
Las Vegas Sands ha registrado oficialmente esta mañana su proyecto de casinos y congresos conocido coloquialmente como Eurovegas. Lo ha hecho con tres meses de demora sobre los plazos iniciales previstos, según los cuales se esperaba colocar la primera piedra en diciembre de este año o ya en el mes de enero de 2014. La primera fase de las tres con que cuenta el proyecto se pretende finalizar para 2017, y contaría con tres casinos y el doble de hoteles. La inversión requerida para esta fase inicial sería de unos 7.000 millones de euros.
Representantes de la compañía estadounidense de la que Sheldon Adelson es el accionista mayoritario han acudido al registro de Presidencia de la Comunidad a presentar el documento, que consta de 326 repartidas en dos tomos según fuentes regionales. El informe contiene un estudio de impacto económico con las previsiones de empleo en Madrid, un plan detallado de las características del macrocomplejo y una memoria ambiental. También consta de de un estudio sobre la proyección del turismo que generaría esta inversión que se levantará en el Distrito Norte de Alcorcón.

El paso, tan esperado por el Ejecutivo de Ignacio González, que tanto se había jugado a la inversión, acaba con los rumores de las últimas semanas. El recelo alcanzó tantos grados que a mediados de abril el grupo parlamentario popular registró en la Asamblea de Madrid una nueva disposición final a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, aprobada hace cuatro meses y que la oposición definió como “un traje a medida” legislativo y fiscal —por ejemplo con la rebaja del tipo máximo actual sobre el juego del 45% a un tipo tributario único del 10%, o permitiendo que los modelos de negocio como Eurovegas cuenten con una bonificación del 95% en el impuesto de transmisiones patrimoniales— con el que atraer la inversión de Las Vegas Sands. Con ella, la Comunidad se blindaba ante los supuestos incumplimientos en la inversión prometida, de 17.000 millones de euros en tres fases de construcción.Las Vegas Sands Corp. ha confirmado mediante un comunicado la entrega de "un estudio de viabilidad no vinculante" al gobierno regional de la Comunidad de Madrid. En él describe "una visión preliminar para el desarrollo de una Franja de Resorts Integrados en Madrid".
La compañía cree que, "si se dan las condiciones adecuadas para la inversión, el proyecto no sólo representará un destino turístico europeo de primer nivel, sino que también transformará los sectores de turismo de negocios y de ocio, motivará un mayor número de visitas extranjeras y domésticas con un mayor gasto, así como más inversiones, y creará decenas de miles de nuevos puestos de trabajo, entre otros".
La enmienda, con la que se modificó el artículo 45.5 de la Ley 9/1995 de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo, establece que si Adelson no construye todos los casinos comprometidos y los pone en funcionamiento será sancionado rebajando los 10 años que por ley tendría de margen sin una potencial competencia en esos diez años en el sector del juego, en los que no se podrían levantar más casinos en la región. Actualmente hay dos: el de Aranjuez y el de Torrelodones. Michael Leven, segundo de Adelson, insistía recientemente en una conferencia en Madrid en que el juego “solo representará el 15% del negocio”.
"Venimos trabajando en él [proyecto de Eurovegas] desde hace mucho tiempo, se ha creado un marco legal, afecta no solo a Madrid sino también a España. Es una magnífica noticia haber recibido este estudio de Las Vegas Sands", ha reconocido González tras el Consejo de Gobierno de esta mañana. Según ha adelantado el presidente regional, el título del proyecto es Un sueño posible e incluye dos tomos y 326 páginas, de carácter "confidencial", y una carta personal de Adelson. "Se prevé la instalación de 12 hoteles de 36.000 habitaciones, lo que multiplica por seis la oferta hotelera, con un turismo potencial de 80 millones de viajeros", ha aventurado. "Es el proyecto más importante que se desarrollaría en Europa. Eurovegas prevé en la primera fase una inversión cercana a los 6.000 millones de euros (17.000 al final), contratar a 25.000 personas en la construcción y a 75.000 en el sector servicios", calcula González.
Con todo, el mandatario madrileño ha matizado que el proyecto no es vinculante y que Las Vegas Sands no ha puesto plazo para la primera fase de Eurovegas.Todo un cambio cuando en febrero se anunció que la primera piedra se pondría en diciembre o enero a más tardar. "Valoraremos si se adapta a los que establece la ley para ver si cumple los requisitos de un Centro Integrado de Desarrollo", ha deslizado. De ajustarse a la normativa, se sometería, según González, a un concurso público tanto para empresas nacionales como extranjeras.
Sobre la posibilidad de fumar, una de las exigencias del magnate Adelson, González ha dicho que hay flecos que se están cerrando por parte del Estado aunque espera que el marco legal esté perfectamente reglado cuando se saque la licitación pública. "Fumar no está prohibido en España y deja suculentos impuestos. Será la ley la que establezca dónde se podrá hacer o no, será la que aplique el margen. Entendemos que se puede establecer una normativa legal y ajustada para que sea posible en determinados ámbitos", ha apostado.
Durante su comparecencia, el líder regional ha especificado además que uno de cada cuatro puestos de trabajo sería de personas de la construcción en la fase inicial. "También favorecerá a Madrid 2020, al darle una capacidad hotelera de 51.000 actuales más 36.000, lo que nos daría el mismo número de habitaciones que Tokio", ha ejemplificado.
"En definitiva, es una magnífica noticia el interés de Las Vegas Sands. Sería un revulsivo extraordinario de la confianza en España y para la recuperación económica", ha afirmado el presidente de la Comunidad que ha asegurado, por otro lado, que solo el 5% de la superficie de Eurovegas se dedicará a casinos.
La tardanza en la presentación del proyecto hizo que a principios de julio incluso se hablase que el proyecto no iba a pasar de ser unos casinos en el aire. El secretario general del PSM, Tomás Gómez, afirmó a principios de mes que el proyecto “·se había caído". "No creemos ni intuimos, sabemos", expresó tajante . Las Vegas Sands lo negó categóricamente a través de un comunicado, afirmando que mantenía su "interés" y agradeciendo al Gobierno regional el trabajo continuado para hacer posible la construcción del complejo en más de 700 hectáreas al norte del muncipio que gobierna David Pérez (PP). Al igual que la Comunidad, la ciudad ha adoptado una serie de decisiones, como perdonar determinados impuestos, para favorecer el aterrizaje de Adelson. El magnate del juego se ha hecho esperar tres meses más de lo esperado.

mardi 9 juillet 2013

Desarrollos Inmobiliarios en tiempos de crisis

Descarrila la Operación Chamartín

La justicia tumba el plan por superar el límite de cuatro alturas de la ley regional

Exime a los propietarios del suelo de invertir 245 millones en metro y carreteras


Chamartín y las vías que la operación urbanística pretende soterrar. / ÁLVARO GARCÍA
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la operación urbanística diseñada por el Ayuntamiento, la Comunidad, el Ministerio de Fomento, Renfe, Adif y el BBVA para soterrar las vías de la estación de tren de Chamartín, prolongar el paseo de la Castellana y la línea 10 de metro, y construir 17.000 viviendas con las que sufragar todas esas obras.
Como sucedió en enero de 2012 con la operación para tirar abajo el estadio Vicente Calderón y construir pisos con los que pagar la reforma de La Peineta, los magistrados han dictado que el desarrollo de la Castellana vulnera la Ley del Suelo aprobada en 2007 por la expresidenta regional Esperanza Aguirre (PP), que limita a cuatro alturas los nuevos desarrollos urbanísticos. El plan de la Castellana, aprobado en marzo de 2011, prevé levantar una veintena de torres de más de 20 pisos.
EL PAÍS
Este obstáculo legal podría solventarse mediante un recurso ante el Tribunal Supremo, como se ha hecho en el caso de la Operación Calderón, puesto que el Gobierno regional aprobó en junio un cambio en la Ley del Suelo que presumiblemente desbloqueará ambos desarrollos.
Pero la prolongación de la Castellana, que lleva más de 20 años varada, parece gravemente tocada: el plan estipulaba que, a cambio de levantar los pisos, los propietarios del suelo ampliarían cinco paradas la línea 10 de metro y construirían un túnel entre la Castellana y el barrio de Las Tablas. Los magistrados han estimado, sin embargo, que no se les puede obligar a sufragar las obras.
La Operación Chamartín se ideó en 1993 para soterrar las vías y ampliar sobre ellas la Castellana hacia el norte. Sin embargo, la falta de consenso entre las tres Administraciones mantuvo bloqueado el plan hasta diciembre de 2008, cuando el Ministerio de Fomento (entonces, socialista, y ahora del PP), la Comunidad de Madrid (PP), el Ayuntamiento de la capital (PP), Renfe, Adif y la sociedad anónima Desarrollo Urbanístico Chamartín (el 72,5% pertenece al BBVA, y el resto a la constructora San José) firmaron un convenio para desarrollarlo.
El Ayuntamiento aprobó en marzo de 2011 el plan parcial urbanístico, que fue recurrido ante la justicia por un estudio de arquitectura seis meses después. Ese plan prevé liberar (mediante el soterramiento de las vías) 3,1 millones de metros cuadrados para hacer 17.000 viviendas (4.000, protegidas). En 15 años, ya acabadas, albergarán a 50.000 personas. La intervención irá acompañada por una inversión de 11.000 millones de euros por parte de las tres Administraciones, que será sufragada íntegramente por las plusvalías de la operación inmobiliaria.
Así, se extenderá 2,8 kilómetros la Castellana hasta conectarla con la M-40; se construirán 53 hectáreas de parques y 81 hectáreas de equipamientos públicos; se ampliará 100.000 metros cuadrados la estación (que pasará de 21 a 32 vías para llevar las líneas del AVE de Atocha al norte de la ciudad); la línea 10 de Metro crecerá 4,4 kilómetros con cinco nuevas estaciones; se hará un nudo norte de conexión con M-30, A-1, M-11, y M-607; y se enlazará con un túnel el barrio de Las Tablas y Fuencarral-Tres Olivos.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia, fechada el 21 de junio yadelantada por la web VozPopuli, considera sin embargo que, al contrario de lo que dispone la Ley regional del Suelo, no se puede obligar a los propietarios del suelo a costear todas esas infraestructuras. Basándose en la doctrina del Supremo (lo que dificultará un eventual recurso ante ese tribunal), los magistrados eximen a estos de sufragar la ampliación del metro (valorada en 207 millones de euros) y el túnel de Tres Olivos (37,5 millones).
El coste de esas obras recaería pues en las Administraciones, pese a que el acuerdo con la sociedad anónima Desarrollo Urbanístico Chamartín estaba diseñado para que las plusvalías inmobiliarias cubrieran el gasto; tanto es así que el Ayuntamiento incluso incrementó la edificabilidad del suelo “para poder cubrir el excepcional coste económico de las infraestructuras”.
Respecto a la limitación a cuatro alturas prevista en la ley regional, la Comunidad aprobó en junio una disposición adicional (colada de rondón en la Ley de Patrimonio Histórico) que exime “al suelo que estuviera clasificado como urbano antes de la entrada en vigor” de la norma en 2007. Con este cambio, teledirigido quirúrgicamente para solventar los reveses de la justicia a cuenta de la ley regional, debería quedar solventado el conflicto de interpretación entre los magistrados y el Ayuntamiento, pendiente en cualquier caso del dictamen del Supremo a cuenta de la Operación Calderón.

Lissavetzky: “Otra chapuza del PP”

  • El líder municipal socialista, Jaime Lissavetzky, cree que la sentencia “es una muestra más del callejón sin salida al que el Partido Popular ha conducido a la capital con su plan urbanístico de 1997”.
  • “Más allá de sumar un nuevo borrón en la trayectoria del Gobierno municipal del PP, esta sentencia debe utilizarse como una nueva oportunidad para repensar Madrid, dialogando con todos los agentes de la ciudad”, añade Lissavetzky, que ve “inviable” mantener el plan tal y como fue aprobado en 2011.
  • “Veo totalmente necesario incorporar este ámbito de Madrid a la reflexión del nuevo plan general y no buscar una nueva solución provisional chapucera que aumente la incertidumbre sobre el futuro de la ciudad”, concluye.