Los socios europeos aplazan la entrada en vigor de la tasa Tobin a 2016
Guindos asegura que "no trastoca absolutamente nada" de los planes de ingresos del Gobierno
Reino Unido amenaza con acudir a la justicia si la medida perjudica a su industria financiera
AGENCIAS Madrid 6 MAY 2014 - 13:54 CET30
Oxfam ha pedido que la mitad de los fondos de la Tasa Tobin se destinen a servicios sociales y a la lucha contra el cambio climático con una protesta en la que un joven disfrazado de Robin Hood se peleaba con los líderes europeos. / CARALP MARINÉ (EFE)
España y otros 10 Estados miembros —entre ellos Alemania, Francia e Italia— han anunciado este martes un acuerdo político "de mínimos" sobre la tasa a las transacciones financieras cuya entrada en vigor se aplaza hasta 2016 ante la falta de consenso. El gravamen, llamada tasa Tobin por el nombre del economista (James Tobin) que la propuso en los años setenta para evitar que la especulación desestabilizara el sistema financiero, se implantará por fases con vistas a poder ir evaluando su impacto económico. El primer objetivo serán las acciones, tanto las que se negocian al contado como en el mercado de derivados. No obstante y pese a lo esbozado en la última reunión del Ecofin de Grecia, su puesta en marcha se aplaza un año hasta el 1 de enero de 2016, lo que trastoca los planes del Gobierno español en materia de ingresos para 2015.
"La primera fase de la tasa a las transacciones financieras armonizada deberá aplicarse como muy tarde el 1 de enero de 2016", ha anunciado el ministro austriaco de Finanzas, Michael Spindelegger, durante el Ecofin celebrado este martes en Bruselas. No obstante, el diseño definitivo de la tasa con "soluciones viables" deberá estar listo a finales de año, ha añadido Spindelegger, quien ha actuado como portavoz del grupo de los países que han seguido adelante con el proyecto y entre los que ya no está Eslovenia.
Los países que pretenden implantar la denominada tasa Tobin, ha proseguido el ministro austriaco, han acordado "empezar gravando las acciones y algunos derivados". El objetivo es que cada paso hasta la plena aplicación de la tasa "se diseñe de forma que tenga en consideración que hay muchos impactos económicos sobre los que hay que ser muy cuidadosos". En cualquier caso, si alguno quiere gravar productos no incluidos en el acuerdo para mantener tasas nacionales existentes, estarán autorizados a hacerlo.
Quedan fuera de la tasa mercados importantes como el de materias primas, las divisas o la deuda soberana. Bruselas apostaba por aplicar un tipo impositivo del 0,1% a las acciones y del 0,01% a los derivados, aunque esas cifras no están cerradas.
Argumentos del Gobierno
El ministro de Economía, Luis de Guindos ha dicho que el acuerdo es un "mínimo denominador común" entre las posiciones de los países que optaron por el sistema de cooperación reforzada para seguir adelante con el proyecto. Además, ha sostenido que la tasa será "prudente" y "cauta". "Vamos a analizar el impacto de la tasa en cada uno de los pasos que vamos a dar porque somos plenamente conscientes de las posibles consecuencias que esta tasa puede tener en los flujos de capital", ha apuntado. "No queremos crear un instrumento que sea perjudicial para nadie, lo que vamos a hacer es tener una tasa racional que ponga orden en los mercados financieros", ha sostenido Guindos.
El Gobierno asegura en el programa de estabilidad remitido recientemente a Bruselas que la tasa iba a aportar unos 640 millones de euros a las arcas públicasa partir de 2015. No obstante, el ministro ha explicado que esta partida no se refiere únicamente a este gravamen sino que incluye también otras tasas. El ministro, sin embargo, ha dicho que el retraso "no trastoca absolutamente nada" de los planes presupuestarios del Ejecutivo. Esta partida, ha explicado, es un "cajón de sastre" que incluye también otras tasas menores.
Guindos ha eludido precisar cuántos ingresos espera España cuando la tasa esté a pleno rendimiento porque todavía no se ha definido con precisión. "Se trata de conseguir la máxima recaudación posible con la mínima distorsión generada", ha apuntado.
Críticas de Reino Unido
La declaración política de mínimos ha sido muy mal acogida por algunos de los Estados miembros que no participan en la cooperación reforzada, en particular Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Hungría, Holanda, Luxemburgo o Malta. "No dudaremos en recurrir una tasa que tenga un impacto extraterritorial, perjudique a Reino Unido o a otros Estados miembros y perjudique al mercado interior", ha amenazado el ministro de Finanzas británico, George Osborne, el más combativo.
Según ha sostenido Osborne, "no es una tasa a los banqueros, sino al empleo, la inversión y las pensiones y los pensionistas y por eso Reino Unido y la mayoría no quieren participar". "Nuestra prioridad es garantizar que las propuestas de tasa no tengan impacto extraterritorial en Reino Unido y en la economía europea", ha argumentado. El ministro británico, al igual que otros de sus colegas, se ha quejado del secretismo de las reuniones de los 11 y ha dicho que incluso el Banco Europeo de Inversiones ha comunicado al Ecofin que la tasa le costaría 1.600 millones de euros.
Los países que participan en la cooperación reforzada sobre la tasa a las transacciones financieras son España, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Grecia, Austria, Bélgica, Estonia y Eslovaquia, ya que Eslovenia ha decidido dar un paso atrás.
Por otra parte, el Ecofin ha retrasado también a junio la aprobación de la reforma de la directiva matriz-filial cuyo objetivo es frenar la ingeniería fiscal de multinacionales como Google, Starbucks o Amazon para eludir el pago de impuestos. En este caso, el motivo del aplazamiento son las reservas de Suecia y Malta a la nueva normativa.
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