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La OCDE pide a España subir más el IVA y abaratar más el despido
El organismo sugiere subir el IVA del turismo, del transporte y de los libros
Gurría propone el contrato único y un menor coste del despido improcedente
Reclama una nueva reforma de las pensiones y la supresión de la jubilación parcial
Pide que se supriman deducciones en el IRPF por pensiones y por compra de vivienda
También reclama endurecer las condiciones para cobrar el desempleo
Por si después de un año de duros recortes, subidas de impuestos y
reformas económicas al Gobierno se le empezaban a acabar las ideas, la
OCDE ha propuesto hoy a España un enorme catálogo de nuevas medidas,
algunas de ellas radicales, en el informe bienal sobre la economía
española que realiza el organismo que dirige José Ángel Gurría. Subir
más el IVA, abaratar más el despido, volver a reformar las pensiones
para bajar las prestaciones, suprimir la jubilación parcial, acabar con
las deducciones en el IRPF por las aportaciones a planes de pensiones,
suprimir con carácter retroactivo algunas deducciones por vivienda y
endurecer las condiciones para cobrar el desempleo son solo algunas de
sus propuestas.
Desde el Gobierno español, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado que el Gobierno "analizará con extrema atención" todas las recomendaciones de la OCDE, aunque —preguntado por el consejo concreto de subir más el IVA— ha afirmado que no piensan "tomar ninguna decisión más" al respecto.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) confirma las negras previsiones sobre la economía española que ha publicado esta misma semana, según las cuales el paro se instalará por encima de los seis millones de personas a finales de este año o principios del próximo y seguirá por encima de esa cota al menos hasta final de 2014. Con los datos que da la OCDE no se puede calcular en qué momento y nivel tocará techo, pero tomando en cuenta que para 2013 el organismo prevé una tasa de paro media a lo largo del año del 26,9%, eso significa que a lo largo del año se superaría claramente el 27% en algunos momentos, con lo que, dependiendo de la población activa, se podría llegar a 6,3 o 6,4 millones de parados.
Este es el diagnóstico de la OCDE: "España se encuentra inmersa en una recesión prolongada. El impacto depresivo sobre la actividad del desapalancamiento del sector privado y la necesidad de una considerable consolidación fiscal a raíz del estallido de la burbuja de crédito, se ha visto agravada por la crisis de la deuda de la zona euro y las rigideces estructurales del mercado de trabajo, dando lugar a un fuerte aumento del desempleo y una crisis bancaria. La perspectiva de una recuperación inmediata sigue siendo remota ya que el desapalancamiento del sector privado todavía tiene un largo camino por recorrer, mientras que el ciclo de retroalimentación entre las finanzas públicas y el sector bancario sigue siendo fuerte".
En esas circunstancias, cree vital completar el saneamiento del sector financiero, recobrar la confianza en las cuentas públicas y realizar nuevas reformas en el mercado laboral. En el sector financiero, las reflexiones de la OCDE están en línea con las de la troika en relación con el rescate financiero, aunque el organismo también sugiere la posibilidad de que se impongan pérdidas a los tenedores de deuda sénior, advierte de los riesgos del banco malo y propone una reforma de los procedimientos concursales.
En cuanto a las finanzas públicas, la OCDE cree que el Gobierno no cumplirá los objetivos de déficit. Sobre todo, pide que se especifiquen las medidas para 2014, como también ha hecho la Comisión Europea. Desde el punto de vista institucional, su informe pone énfasis en que se controle el déficit de las comunidades y en que se establezca una autoridad fiscal independiente, tal y como ha exigido la Unión Europea y el Gobierno ha anunciado que hará. La OCDE reclama que sea auténticamente independiente, con un mandato que no coincida con el ciclo político.
Así, el organismo reclama extender el cómputo de la pensión a toda la vida laboral y prolongar aún más el plazo necesario para lograr la pensión máxima, lo que se traduce en una bajada de las pensiones futuras. Señala que, a pesar de la reforma de las pensiones de 2011, el sistema sigue generando desincentivos innecesarios para suministrar mano de obra en la economía formal. Con la reforma, las pensiones se fijan por el nivel de ingresos en los 25 previos a la jubilación y la pensión máxima se alcanza tras 37 años de cotización. "Esta configuración no reconoce suficientemente largas carreras de cotización, penaliza a las personas con ingresos estables a lo largo de su vida laboral y no incentiva la prolongación de la vida de trabajo después de que los períodos de cotización correspondientes se han alcanzado". La OCDE cree que el sistema lleva a trabajadores y empleadores a declarar solo parcialmente las retribuciones antes de que lleguen los últimos 25 años de la vida laboral activa, y a no declarar los ingresos en algunos años.
También señala que puede lograrse un ahorro en el gasto futuro en pensiones "mediante la reforma de las prestaciones de viudedad a la luz de la alta participación de mercado de trabajo de las mujeres jóvenes, centrándose tales beneficios más estrechamente en los casos de necesidad".
El organismo considera que también hay margen para reducir aún los subsidios públicos a la jubilación anticipada a través de largos pagos de prestaciones por desempleo, aunque indica que estas medidas no deben ser consideradas prioritarias ahora, en vista de la difícil situación en el mercado laboral y su bajo coste presupuestario. En cambio, sí cree urgente acabar con las ayudas a la jubilación parcial (en que se reducen las horas de trabajo y se empieza a percibir la pensión). "Estas son costosas para el presupuesto por lo que debe ser eliminada tan pronto como sea posible".
El organismo también ve margen para eliminar exenciones y deducciones en el IRPF. En particular, propone suprimir o reducir sustancialmente las deducciones por aportaciones a planes de pensiones, que "benefician principalmente a los hogares de ingresos medios y altos". "Cualquier impacto positivo de estas deducciones en el ahorro de los hogares privados es probable que se vea más que compensado por el menor ahorro del Gobierno y la tasa de rentabilidad de los planes de pensiones de este tipo puede ser significativamente inferior a los tipos de interés de la deuda pública. Además, su eliminación no afecta a la actividad negativamente", razona la OCDE.
También aplaude que se haya retirado la deducción por vivienda para las nuevas hipotecas, pero cree posible retirarla también de forma retroactiva para parte de las existentes, como ya se ha hecho tímidamente: "Nuevas reducciones de las deducciones fiscales para las hipotecas existentes podrán ser posibles, sobre todo para los propietarios que ya se han beneficiado de las deducciones durante muchos años", señala el informe. "Las ventajas fiscales para los ingresos por alquileres recibidos y para las ganancias de capital provenientes de transacciones de vivienda también debe ser abolidas", añade.
El organismo propone también que se estudie un impuesto medioambiental, incluidos mayores impuestos sobre el combustible para transporte. "El Gobierno se propone aumentar los impuestos a los combustibles, lo cual es bienvenido", señala el informe.
El otro impuesto que la OCDE propone reformar es el de Sucesiones. Sus economistas creen que las competencias sobre ese impuesto se deben atribuir plenamente a la Administración central para evitar la competencia entre comunidades y que los tipos deben aumentar, aunque no hasta el punto de provocar fugas de capitales.
Por último, en materia fiscal, la OCDE también indica que los ingresos extra por estas subidas de impuestos se podrían destinar a reducir las cotizaciones sociales a cargo de las empresas, especialmente para aquellos trabajadores con salarios más bajos.
El organismo también cree que se debe atribuir a la Administración central la imposición sobre las transacciones inmobiliarias, a través del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, cuya recaudación es muy volátil. Además, cree que se debe reducir esta y prorrogar la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles aprobada para este año y el próximo, de modo que la alta fiscalidad de la compraventa de vivienda no desincentive la movilidad geográfica de los trabajadores.
El organismo ve bien el abaratamiento del despido por causas económicas que introdujo la reforma, pero subraya que "está por ver cuántos despidos serán juzgados como procedentes por los tribunales". "En cualquier caso, la indemnización por despido improcedente debe reducirse aún más, ya que incluso a 33 días de salario, los costes de despido por despido injustificado siguen siendo altos en comparación con otros países. En particular, la diferencia con respecto a los costes de despido de los trabajadores con contratos temporales sigue siendo grande. Si la reforma no es eficaz para reducir la dualidad sustancialmente, pasar a un único contrato con indemnizaciones por despido inicialmente bajas, pero crecientes podría reducir la diferencia en los costes de despido de los contratos temporales y permanentes", señala la OCDE.
En materia laboral, el organismo también aconseja facilitar aún más el descuelgue de los convenios de nivel superior. Una opción sería "abolir la extensión legal de los acuerdos de negociación colectiva de nivel superior o reemplazarla por un régimen de consentimiento previo, donde los empleadores decidan si desean ser representados en la negociación salarial sectorial", dice el informe.
En cuanto a las prestaciones por desempleo, la OCDE propone que se endurezcan los reuquisitos de búsqueda activa de empleo para los perceptores de tales prestaciones.
Además, el organismo considera que deben reducirse las barreras para la apertura de grandes superficies comerciales impuestas por los Gobiernos de las comunidades autónomas, y que deberían liberalizarse las horas de apertura comercial en aquellas regiones donde las restricciones se mantienen. El informe aconseja elevar el límite mínimo nacional de horas que las regiones tienen que aplicar al regular los horarios de apertura.
Desde el Gobierno español, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado que el Gobierno "analizará con extrema atención" todas las recomendaciones de la OCDE, aunque —preguntado por el consejo concreto de subir más el IVA— ha afirmado que no piensan "tomar ninguna decisión más" al respecto.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) confirma las negras previsiones sobre la economía española que ha publicado esta misma semana, según las cuales el paro se instalará por encima de los seis millones de personas a finales de este año o principios del próximo y seguirá por encima de esa cota al menos hasta final de 2014. Con los datos que da la OCDE no se puede calcular en qué momento y nivel tocará techo, pero tomando en cuenta que para 2013 el organismo prevé una tasa de paro media a lo largo del año del 26,9%, eso significa que a lo largo del año se superaría claramente el 27% en algunos momentos, con lo que, dependiendo de la población activa, se podría llegar a 6,3 o 6,4 millones de parados.
Este es el diagnóstico de la OCDE: "España se encuentra inmersa en una recesión prolongada. El impacto depresivo sobre la actividad del desapalancamiento del sector privado y la necesidad de una considerable consolidación fiscal a raíz del estallido de la burbuja de crédito, se ha visto agravada por la crisis de la deuda de la zona euro y las rigideces estructurales del mercado de trabajo, dando lugar a un fuerte aumento del desempleo y una crisis bancaria. La perspectiva de una recuperación inmediata sigue siendo remota ya que el desapalancamiento del sector privado todavía tiene un largo camino por recorrer, mientras que el ciclo de retroalimentación entre las finanzas públicas y el sector bancario sigue siendo fuerte".
En esas circunstancias, cree vital completar el saneamiento del sector financiero, recobrar la confianza en las cuentas públicas y realizar nuevas reformas en el mercado laboral. En el sector financiero, las reflexiones de la OCDE están en línea con las de la troika en relación con el rescate financiero, aunque el organismo también sugiere la posibilidad de que se impongan pérdidas a los tenedores de deuda sénior, advierte de los riesgos del banco malo y propone una reforma de los procedimientos concursales.
En cuanto a las finanzas públicas, la OCDE cree que el Gobierno no cumplirá los objetivos de déficit. Sobre todo, pide que se especifiquen las medidas para 2014, como también ha hecho la Comisión Europea. Desde el punto de vista institucional, su informe pone énfasis en que se controle el déficit de las comunidades y en que se establezca una autoridad fiscal independiente, tal y como ha exigido la Unión Europea y el Gobierno ha anunciado que hará. La OCDE reclama que sea auténticamente independiente, con un mandato que no coincida con el ciclo político.
Reforma de las pensiones
La OCDE alaba la reforma de las pensiones efectuada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero pide más. El informe dice que "una fórmula de indexación de pensiones vinculando los parámetros del sistema a los cambios en la esperanza de vida debería introducirse lo antes posible", algo que está previsto por la ley que entre en vigor en 2027. Pero además, la OCDE pide nuevos cambios.Así, el organismo reclama extender el cómputo de la pensión a toda la vida laboral y prolongar aún más el plazo necesario para lograr la pensión máxima, lo que se traduce en una bajada de las pensiones futuras. Señala que, a pesar de la reforma de las pensiones de 2011, el sistema sigue generando desincentivos innecesarios para suministrar mano de obra en la economía formal. Con la reforma, las pensiones se fijan por el nivel de ingresos en los 25 previos a la jubilación y la pensión máxima se alcanza tras 37 años de cotización. "Esta configuración no reconoce suficientemente largas carreras de cotización, penaliza a las personas con ingresos estables a lo largo de su vida laboral y no incentiva la prolongación de la vida de trabajo después de que los períodos de cotización correspondientes se han alcanzado". La OCDE cree que el sistema lleva a trabajadores y empleadores a declarar solo parcialmente las retribuciones antes de que lleguen los últimos 25 años de la vida laboral activa, y a no declarar los ingresos en algunos años.
También señala que puede lograrse un ahorro en el gasto futuro en pensiones "mediante la reforma de las prestaciones de viudedad a la luz de la alta participación de mercado de trabajo de las mujeres jóvenes, centrándose tales beneficios más estrechamente en los casos de necesidad".
El organismo considera que también hay margen para reducir aún los subsidios públicos a la jubilación anticipada a través de largos pagos de prestaciones por desempleo, aunque indica que estas medidas no deben ser consideradas prioritarias ahora, en vista de la difícil situación en el mercado laboral y su bajo coste presupuestario. En cambio, sí cree urgente acabar con las ayudas a la jubilación parcial (en que se reducen las horas de trabajo y se empieza a percibir la pensión). "Estas son costosas para el presupuesto por lo que debe ser eliminada tan pronto como sea posible".
Más IVA para el turismo y menos deducciones en el IRPF
En materia de impuestos, el organismo señala que la fiscalidad en España sigue muy centrada en los impuestos al trabajo, en particular las cotizaciones sociales. La OCDE saluda así la subida del IVA, pero de nuevo pide más. "Varios sectores continúan beneficiándose de tipos considerablemente reducidos y la base imponible del IVA debe ampliarse aún más, pasando la mayoría de bienes y servicios al tipo general. Por ejemplo, los servicios relacionados con el turismo y los servicios de transporte sólo están gravados al 10%. Algunos productos de papel sólo se gravan en el 4%", señala en probable referencia a libros, periódicos y revistas.El organismo también ve margen para eliminar exenciones y deducciones en el IRPF. En particular, propone suprimir o reducir sustancialmente las deducciones por aportaciones a planes de pensiones, que "benefician principalmente a los hogares de ingresos medios y altos". "Cualquier impacto positivo de estas deducciones en el ahorro de los hogares privados es probable que se vea más que compensado por el menor ahorro del Gobierno y la tasa de rentabilidad de los planes de pensiones de este tipo puede ser significativamente inferior a los tipos de interés de la deuda pública. Además, su eliminación no afecta a la actividad negativamente", razona la OCDE.
También aplaude que se haya retirado la deducción por vivienda para las nuevas hipotecas, pero cree posible retirarla también de forma retroactiva para parte de las existentes, como ya se ha hecho tímidamente: "Nuevas reducciones de las deducciones fiscales para las hipotecas existentes podrán ser posibles, sobre todo para los propietarios que ya se han beneficiado de las deducciones durante muchos años", señala el informe. "Las ventajas fiscales para los ingresos por alquileres recibidos y para las ganancias de capital provenientes de transacciones de vivienda también debe ser abolidas", añade.
El organismo propone también que se estudie un impuesto medioambiental, incluidos mayores impuestos sobre el combustible para transporte. "El Gobierno se propone aumentar los impuestos a los combustibles, lo cual es bienvenido", señala el informe.
El otro impuesto que la OCDE propone reformar es el de Sucesiones. Sus economistas creen que las competencias sobre ese impuesto se deben atribuir plenamente a la Administración central para evitar la competencia entre comunidades y que los tipos deben aumentar, aunque no hasta el punto de provocar fugas de capitales.
Por último, en materia fiscal, la OCDE también indica que los ingresos extra por estas subidas de impuestos se podrían destinar a reducir las cotizaciones sociales a cargo de las empresas, especialmente para aquellos trabajadores con salarios más bajos.
El organismo también cree que se debe atribuir a la Administración central la imposición sobre las transacciones inmobiliarias, a través del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, cuya recaudación es muy volátil. Además, cree que se debe reducir esta y prorrogar la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles aprobada para este año y el próximo, de modo que la alta fiscalidad de la compraventa de vivienda no desincentive la movilidad geográfica de los trabajadores.
¿Otra reforma laboral?
Los economistas de la OCDE alaban la reforma laboral aprobada por el Gobierno del Partido Popular que abarató y facilitó el despido, pero de nuevo consideran que, aunque es "un importante paso en la buena dirección", aún no es suficiente.El organismo ve bien el abaratamiento del despido por causas económicas que introdujo la reforma, pero subraya que "está por ver cuántos despidos serán juzgados como procedentes por los tribunales". "En cualquier caso, la indemnización por despido improcedente debe reducirse aún más, ya que incluso a 33 días de salario, los costes de despido por despido injustificado siguen siendo altos en comparación con otros países. En particular, la diferencia con respecto a los costes de despido de los trabajadores con contratos temporales sigue siendo grande. Si la reforma no es eficaz para reducir la dualidad sustancialmente, pasar a un único contrato con indemnizaciones por despido inicialmente bajas, pero crecientes podría reducir la diferencia en los costes de despido de los contratos temporales y permanentes", señala la OCDE.
En materia laboral, el organismo también aconseja facilitar aún más el descuelgue de los convenios de nivel superior. Una opción sería "abolir la extensión legal de los acuerdos de negociación colectiva de nivel superior o reemplazarla por un régimen de consentimiento previo, donde los empleadores decidan si desean ser representados en la negociación salarial sectorial", dice el informe.
En cuanto a las prestaciones por desempleo, la OCDE propone que se endurezcan los reuquisitos de búsqueda activa de empleo para los perceptores de tales prestaciones.
Liberalizaciones
La OCDE considera que hay que reducir los costes y los procedimientos necesarios para la creación de empresas, un apartado en que España suele estar a la cola de los países industrializados, y eliminar las barreras de entrada en sectores específicos, incluidos los servicios profesionales, así como en el transporte ferroviario y por carretera.Además, el organismo considera que deben reducirse las barreras para la apertura de grandes superficies comerciales impuestas por los Gobiernos de las comunidades autónomas, y que deberían liberalizarse las horas de apertura comercial en aquellas regiones donde las restricciones se mantienen. El informe aconseja elevar el límite mínimo nacional de horas que las regiones tienen que aplicar al regular los horarios de apertura.
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