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La UE impone 32 condiciones financieras y fiscales a España para el rescate
El memorándun exige condiciones macroeconómicas a España
La UE quita poderes a Guindos para dárselos al Banco de España
Bruselas impone una reforma de las cajas para que no controlen bancos
Los consejeros de las cajas no podrán serlo de sus bancos filiales
Los bancos deberán tener un 9% de capital al menos hasta final de 2014
El rescate clasificará a las entidades en cuatro grupos según su solvencia
El banco malo deberá estar listo antes de final de año
Se obligará a los bancos con ayudas a vender activos y a imponer pérdidas a las preferentes
El ministro español de Economía y de
Competitividad, Luis de Guindos, comparece ante los medios al término de
la reunión del Ecofin / THIERRY ROGE (EFE)
Hasta 32 condiciones. El Memorándum de Entendimiento asociado al rescate del sistema financiero español,
al que ha tenido acceso EL PAÍS, impone duras condiciones a los bancos
que soliciten ayudas y al conjunto del sector, incluido el Banco de
España, que queda de facto bajo la tutela del Banco Central Europeo
(BCE). Y finalmente hay condiciones macroeconómicas,
a diferencia de lo que ha sostenido el Gobierno hasta hace unos
minutos: el memorándum exige, negro sobre blanco, “poner en marcha las
recomendaciones” de la Comisión por el procedimiento de déficit
excesivo, además de “reformas estructurales”. De manera que la anunciada subida del IVA por parte del Gobierno de Mariano Rajoy —incluida en las últimas recomendaciones de la Comisión— es en realidad una exigencia de los socios europeos.
Los socios europeos instan a poner en marcha una “transferencia de poderes sancionadores y otorgar licencias [fichas bancarias]” del Ministerio de Economía al Banco de España. Además, la Comisión Europea, el BCE, la Autoridad Bancaria Europea y el Fondo Monetario Internacional estarán muy encima del plan de rescate de la banca y podrán acceder “bajo estrictas condiciones de confidencialidad” a todos los datos del sistema bancario español que necesiten, tanto agregados como entidad por entidad. Asimismo, podrán hacer inspecciones in situ para examinar el cumplimiento de las condiciones, una labor reservada habitualmente al banco central de cada país y que da idea del grado de intervención en el sistema financiero que va asociado al rescate.
El memorándum obliga a “garantizar la independencia del Banco de España”, en un nuevo ataque a la línea de flotación del supervisor español. El Banco de España deberá poner en marcha un examen interno para identificar las deficiencias más graves antes del final de octubre de 2012, en especial en los cuerpos de inspectores encargados de evaluar “las vulnerabilidades y el riesgo en el sistema financiero”. Además, el memorándum obliga a aprobar legislación de protección del consumidor para evitar episodios como el de la deuda subordinada y las participaciones preferentes, y en general en los productos que no están bajo el paraguas del Fondo de Garantía de Depósitos.
El rescate obliga asimismo a crear una institución fiscal independiente que supervise la política fiscal española, en la línea de las citadas recomendaciones. Y requiere introducir “esfuerzos de consolidación” y un sistema fiscal “que apoye más el crecimiento” (es decir, gravar menos las rentas del trabajo a cambio de una subida del IVA o de la propiedad de viviendas o de activos), y “aplicar la reforma laboral”.
En cuanto a las condiciones financieras, hay varias cosas destacadas, muchas en línea con las recomendaciones del reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI). En especial, que la UE impone una reforma de las cajas con el fin de que dejen "eventualmente" de controlar bancos filiales e impone incompatibilidades entre los consejos de administración de las cajas y de sus bancos participados, que ahora comparten con frecuencia consejeros.
Las condiciones exigen un ratio de capital para toda la banca del 9% "al menos hasta 2014", e impiden “en cualquier caso” que las instituciones de crédito reduzcan su capital respecto al nivel que tendrán en diciembre de 2012 sin autorización previa del Banco de España. Además, exige “límites a la venta por parte de las entidades de deuda subordinada”, como las participaciones preferentes, cuyos titulares serán objeto de una quita para compartir los costes de la reestructuración de la banca española. Las entidades no podrán ofrecer una prima de más del 10% sobre el precio de mercado de las preferentes, lo que en la práctica ocasionará grandes pérdidas.
Los planes de reestructuración de las entidades prohíben pagar dividendos, obligan a vender activos activos no estratégicos y prohíben el crecimiento no orgánico. “Para los bancos no viables que necesiten fondos públicos, las autoridades españolas tendrán que activar planes de resolución [es decir, de cierre]”. Siempre garantizando la estabilidad financiera, en particular con la protección de los depósitos bancarios, e impidiendo así un coste excesivo para el contribuyente.
En noviembre de 2012, el Gobierno deberá estar listo para aclarar el papel que tiene en las cajas de ahorros en su calidad de accionistas de los bancos. La idea es reducir la participación de las cajas en sus bancos filiales por debajo del nivel de control.
La UE clasificará a las entidades financieras españolas en cuatro grupos. En el grupo 0 estarán las entidades sanas, las que no necesiten ayuda (como Santander, BBVA y La Caixa, según los análisis preliminares de los consultores). En el grupo 1 estarán las entidades nacionalizadas (BFA/Bankia, Catalunya Caixa, NCG Banco y Banco de Valencia). En el grupo 2 estarán las entidades que suspendan las pruebas de resistencia y no sean capaces de captar fondos por sí mismas. En el grupo 3 estarán las que suspendan pero tengan planes de recapitalización creíbles sin ayuda estatal.
Los bancos de los grupos 1, 2 y 3 deberán presentar a principios de octubre sus planes de recapitalización con medidas internas, ventas de activos, gestión de los pasivos o mediante la petición de ayuda pública. Las autoridades españolas y la Comisión Europea analizarán esos planes.
Para los bancos nacionalizados (grupo 1), los que necesitarán más capital, el Gobierno debe empezar a preparar ya este mes los planes de resolución o reestructuración, de modo que estén listos para ser aprobados por la Comisión Europea en noviembre. La transferencia de activos tóxicos a un banco malo debe estar culminada a finales de año.
Para los bancos del grupo 2, los aún no nacionalizados pero que necesiten ayudas públicas, los planes de reestructuración deben presentarse en octubre como muy tarde. El proceso de aprobación de dichos planes se extenderá hasta finales de diciembre. En dichos planes figurará la segregación de activos tóxicos en un banco malo.
Para los bancos del grupo 3, los que supuestamente puedan captar dinero de fuentes privadas, habrá una recapitalización preventiva con dinero público en forma de obligaciones contingentes convertibles (cocos) si planean una ampliación de capital significativa, de más del 2% de los activos ponderados por riesgo. Los cocos podrán ser amortizados (mediante la devolución de su importe) hasta junio de 2013 con el capital privado que capte la entidad. Si no lo logra, serán convertidos en acciones y, por tanto, dichas entidades quedarán nacionalizadas, al menos parcialmente. Aquellos otros de este grupo que necesiten una ampliación de capital menor al 2% de los activos ponderados por riesgo, tendrán de plazo para hacerlo hasta el 30 de junio de 2013, pero no serán objeto de esa recapitalización preventiva con cocos.
Los socios europeos instan a poner en marcha una “transferencia de poderes sancionadores y otorgar licencias [fichas bancarias]” del Ministerio de Economía al Banco de España. Además, la Comisión Europea, el BCE, la Autoridad Bancaria Europea y el Fondo Monetario Internacional estarán muy encima del plan de rescate de la banca y podrán acceder “bajo estrictas condiciones de confidencialidad” a todos los datos del sistema bancario español que necesiten, tanto agregados como entidad por entidad. Asimismo, podrán hacer inspecciones in situ para examinar el cumplimiento de las condiciones, una labor reservada habitualmente al banco central de cada país y que da idea del grado de intervención en el sistema financiero que va asociado al rescate.
El memorándum obliga a “garantizar la independencia del Banco de España”, en un nuevo ataque a la línea de flotación del supervisor español. El Banco de España deberá poner en marcha un examen interno para identificar las deficiencias más graves antes del final de octubre de 2012, en especial en los cuerpos de inspectores encargados de evaluar “las vulnerabilidades y el riesgo en el sistema financiero”. Además, el memorándum obliga a aprobar legislación de protección del consumidor para evitar episodios como el de la deuda subordinada y las participaciones preferentes, y en general en los productos que no están bajo el paraguas del Fondo de Garantía de Depósitos.
El rescate obliga asimismo a crear una institución fiscal independiente que supervise la política fiscal española, en la línea de las citadas recomendaciones. Y requiere introducir “esfuerzos de consolidación” y un sistema fiscal “que apoye más el crecimiento” (es decir, gravar menos las rentas del trabajo a cambio de una subida del IVA o de la propiedad de viviendas o de activos), y “aplicar la reforma laboral”.
En cuanto a las condiciones financieras, hay varias cosas destacadas, muchas en línea con las recomendaciones del reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI). En especial, que la UE impone una reforma de las cajas con el fin de que dejen "eventualmente" de controlar bancos filiales e impone incompatibilidades entre los consejos de administración de las cajas y de sus bancos participados, que ahora comparten con frecuencia consejeros.
Las condiciones exigen un ratio de capital para toda la banca del 9% "al menos hasta 2014", e impiden “en cualquier caso” que las instituciones de crédito reduzcan su capital respecto al nivel que tendrán en diciembre de 2012 sin autorización previa del Banco de España. Además, exige “límites a la venta por parte de las entidades de deuda subordinada”, como las participaciones preferentes, cuyos titulares serán objeto de una quita para compartir los costes de la reestructuración de la banca española. Las entidades no podrán ofrecer una prima de más del 10% sobre el precio de mercado de las preferentes, lo que en la práctica ocasionará grandes pérdidas.
Los planes de reestructuración de las entidades prohíben pagar dividendos, obligan a vender activos activos no estratégicos y prohíben el crecimiento no orgánico. “Para los bancos no viables que necesiten fondos públicos, las autoridades españolas tendrán que activar planes de resolución [es decir, de cierre]”. Siempre garantizando la estabilidad financiera, en particular con la protección de los depósitos bancarios, e impidiendo así un coste excesivo para el contribuyente.
En noviembre de 2012, el Gobierno deberá estar listo para aclarar el papel que tiene en las cajas de ahorros en su calidad de accionistas de los bancos. La idea es reducir la participación de las cajas en sus bancos filiales por debajo del nivel de control.
La UE clasificará a las entidades financieras españolas en cuatro grupos. En el grupo 0 estarán las entidades sanas, las que no necesiten ayuda (como Santander, BBVA y La Caixa, según los análisis preliminares de los consultores). En el grupo 1 estarán las entidades nacionalizadas (BFA/Bankia, Catalunya Caixa, NCG Banco y Banco de Valencia). En el grupo 2 estarán las entidades que suspendan las pruebas de resistencia y no sean capaces de captar fondos por sí mismas. En el grupo 3 estarán las que suspendan pero tengan planes de recapitalización creíbles sin ayuda estatal.
Entidades, del 0 a 3 según su resistencia
Las entidades del grupo 0 deberán aportar sus activos tóxicos a un banco malo que deberá estar creado antes de fin de año. En octubre se establecerá qué entidades pertenecen a los grupos 0, 1, 2 y 3, en función de las pruebas de resistencia.Los bancos de los grupos 1, 2 y 3 deberán presentar a principios de octubre sus planes de recapitalización con medidas internas, ventas de activos, gestión de los pasivos o mediante la petición de ayuda pública. Las autoridades españolas y la Comisión Europea analizarán esos planes.
Para los bancos nacionalizados (grupo 1), los que necesitarán más capital, el Gobierno debe empezar a preparar ya este mes los planes de resolución o reestructuración, de modo que estén listos para ser aprobados por la Comisión Europea en noviembre. La transferencia de activos tóxicos a un banco malo debe estar culminada a finales de año.
Para los bancos del grupo 2, los aún no nacionalizados pero que necesiten ayudas públicas, los planes de reestructuración deben presentarse en octubre como muy tarde. El proceso de aprobación de dichos planes se extenderá hasta finales de diciembre. En dichos planes figurará la segregación de activos tóxicos en un banco malo.
Para los bancos del grupo 3, los que supuestamente puedan captar dinero de fuentes privadas, habrá una recapitalización preventiva con dinero público en forma de obligaciones contingentes convertibles (cocos) si planean una ampliación de capital significativa, de más del 2% de los activos ponderados por riesgo. Los cocos podrán ser amortizados (mediante la devolución de su importe) hasta junio de 2013 con el capital privado que capte la entidad. Si no lo logra, serán convertidos en acciones y, por tanto, dichas entidades quedarán nacionalizadas, al menos parcialmente. Aquellos otros de este grupo que necesiten una ampliación de capital menor al 2% de los activos ponderados por riesgo, tendrán de plazo para hacerlo hasta el 30 de junio de 2013, pero no serán objeto de esa recapitalización preventiva con cocos.
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