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El BCE pide a los países en apuros bajar sueldos para reducir el paro
El instituto emisor insiste en que la solución a la crisis la tienen los países del euro
El Banco Central Europeo (BCE)
ha recomendado a los países que están sufriendo altas tasas de paro por
los recortes en su gasto público una batería de medidas estructurales
que incluye reducir más los salarios y las indemnizaciones por despido.
La entidad presidida por Mario Draghi también ha aplaudido la reforma
laboral española, llegando a afirmar que “si se hubiera aplicado años
antes” habría reducido la destrucción de empleo.
El informe mensual del BCE incluye en su análisis sobre la situación económica y monetaria en la Eurozona un anexo titulado Los procesos de ajuste en la zona euro: progresos en Irlanda, Grecia, España, Chipre y Portugal. En su último epígrafe, La necesidad de más reformas estructurales y fiscales, la entidad esboza una serie de medidas para “aumentar la competitividad global, reducir el desempleo y restaurar la sostenibilidad de las finanzas públicas”.
Para “aumentar la competitividad”, el BCE considera “urgente” el reducir “los costes laborales y los márgenes de beneficio excesivos”, especialmente en los países con un alto nivel de paro.
Para lo primero, el banco emisor sugiere medidas como “reducir el salario mínimo”, “relajar las leyes de protección laboral”, “permitir la negociación salarial a nivel de empresa” y “abolir la interrelación entre salarios e inflación”.
Pero reducir los costes laborales no es suficiente para incrementar la productividad “permanentemente”. El BCE pone como ejemplos de medidas adicionales a tomar “privatizaciones”, “innovación tanto en los procesos productivos como en la creación e invención de nuevos productos”, “reforzar la formación de la mano de obra” e “iniciativas para favorecer la creación de negocios”.
Para eso el informe recomienda adoptar políticas “valientes” que lleven adelante una serie de reformas estructurales. Entre estas reformas están “liberalizar las profesiones cerradas y la inmigración”, “reorientar el gasto público hacia la educación, la investigación y el desarrollo” y “reformar el sistema judicial y regulatorio para hacerlo más favorable a los negocios”.
El BCE también sugiere “audacia” a la hora de “enfrentarse a sectores privilegiados y grupos de interés”. El informe identifica “márgenes de beneficio excesivos” en “negocios orientados hacia un público local, especialmente en el sector servicios”. La entidad cree que “pueden reducirse gastos” si se retiran “obstáculos a la competencia [internacional]”, en particular en ciertos sectores “protegidos”. Esto último puede lograrse si se rebajasen “las barreras de acceso a nuevas empresas” o, simplemente, “reduciendo la burocracia”.
El anexo también analiza la evolución de los países que han llevado a cabo recortes. Según el informe, “los ajustes han permitido a los países recuperar en parte su competitividad debido a la reducción de sus costes laborales”, aunque reconoce que “parte de la mejora se debe a la destrucción de empleo en sectores de baja productividad”. Inmediatamente, apunta: “El lado negativo ha sido un incremento en la tasa de paro, especialmente pronunciado entre los jóvenes”.
El BCE sugiere que el aumento del desempleo se debe a la “tardanza” de los actores sociales en acordar una rebaja en los sueldos, y señala que desde el principio de la crisis los salarios han disminuido “con retraso” (en el caso de Portugal) o “de forma muy limitada” (en el caso de España y Chipre), aunque el BCE califica de “amplia” la reforma laboral española.
La insistencia del BCE en la rebaja de los costes laborales como solución al desempleo se ve desmentida por los datos. En Irlanda, pese a ser el país donde, según la OCDE, se han reducido más los costes laborales desde el principio de la crisis, la tasa de desempleo sigue por encima del 14%. Además, en los cuatro primeros años tras la explosión de la burbuja emigraron 99.000 irlandeses, un 2,2% de la población del país.
El informe mensual del BCE incluye en su análisis sobre la situación económica y monetaria en la Eurozona un anexo titulado Los procesos de ajuste en la zona euro: progresos en Irlanda, Grecia, España, Chipre y Portugal. En su último epígrafe, La necesidad de más reformas estructurales y fiscales, la entidad esboza una serie de medidas para “aumentar la competitividad global, reducir el desempleo y restaurar la sostenibilidad de las finanzas públicas”.
Para “aumentar la competitividad”, el BCE considera “urgente” el reducir “los costes laborales y los márgenes de beneficio excesivos”, especialmente en los países con un alto nivel de paro.
Para lo primero, el banco emisor sugiere medidas como “reducir el salario mínimo”, “relajar las leyes de protección laboral”, “permitir la negociación salarial a nivel de empresa” y “abolir la interrelación entre salarios e inflación”.
Pero reducir los costes laborales no es suficiente para incrementar la productividad “permanentemente”. El BCE pone como ejemplos de medidas adicionales a tomar “privatizaciones”, “innovación tanto en los procesos productivos como en la creación e invención de nuevos productos”, “reforzar la formación de la mano de obra” e “iniciativas para favorecer la creación de negocios”.
Para eso el informe recomienda adoptar políticas “valientes” que lleven adelante una serie de reformas estructurales. Entre estas reformas están “liberalizar las profesiones cerradas y la inmigración”, “reorientar el gasto público hacia la educación, la investigación y el desarrollo” y “reformar el sistema judicial y regulatorio para hacerlo más favorable a los negocios”.
El BCE también sugiere “audacia” a la hora de “enfrentarse a sectores privilegiados y grupos de interés”. El informe identifica “márgenes de beneficio excesivos” en “negocios orientados hacia un público local, especialmente en el sector servicios”. La entidad cree que “pueden reducirse gastos” si se retiran “obstáculos a la competencia [internacional]”, en particular en ciertos sectores “protegidos”. Esto último puede lograrse si se rebajasen “las barreras de acceso a nuevas empresas” o, simplemente, “reduciendo la burocracia”.
El anexo también analiza la evolución de los países que han llevado a cabo recortes. Según el informe, “los ajustes han permitido a los países recuperar en parte su competitividad debido a la reducción de sus costes laborales”, aunque reconoce que “parte de la mejora se debe a la destrucción de empleo en sectores de baja productividad”. Inmediatamente, apunta: “El lado negativo ha sido un incremento en la tasa de paro, especialmente pronunciado entre los jóvenes”.
El BCE sugiere que el aumento del desempleo se debe a la “tardanza” de los actores sociales en acordar una rebaja en los sueldos, y señala que desde el principio de la crisis los salarios han disminuido “con retraso” (en el caso de Portugal) o “de forma muy limitada” (en el caso de España y Chipre), aunque el BCE califica de “amplia” la reforma laboral española.
La insistencia del BCE en la rebaja de los costes laborales como solución al desempleo se ve desmentida por los datos. En Irlanda, pese a ser el país donde, según la OCDE, se han reducido más los costes laborales desde el principio de la crisis, la tasa de desempleo sigue por encima del 14%. Además, en los cuatro primeros años tras la explosión de la burbuja emigraron 99.000 irlandeses, un 2,2% de la población del país.
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