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El Gobierno pone en venta Portugal
El año se cierra con una avalancha de privatizaciones de empresas emblemáticas: desde la compañía aérea TAP a la televisión pública RTP, pasando por los aeropuertos
Trabajadores de la aerolínea TAP se manifiestan contra la privatización, hoy en el aeropuerto de Lisboa. / francisco seco (AP)
El Gobierno portugués, en pocos días, se deshará de la compañía aérea
nacional, la TAP; de los aeropuertos portugueses; decidirá la suerte
(privada) de su televisión pública, la RTP, y venderá de paso los
astilleros de Viana do Castelo. Lo de se vende Portugal no es ninguna
originalidad y ya ha salido en alguna publicación portuguesa con un
fatalismo pesimista muy de estos días. Mientras, los ciudadanos, abrumados por recortes de servicios públicos y subidas de impuestos equivalentes a la cuantía de un mes de salario,
asisten entre estupefactos y deprimidos a esta ceremonia del
despojamiento que comenzó hace un año, cuando la parte estatal de la principal eléctrica del país, la EDP, pasó a manos del gigante chino Three Gorges (Tres gargantas)
por 2.700 millones de euros. La empresa china se aseguraba una base
para abordar desde allí el mercado latinoamericano y el Estado portugués
ingresaba dinero que servía para limpiar las telarañas de la caja y
enjugar la inmensa deuda que ahoga el país.
Todas estas operaciones están decididas hace tiempo, de hecho, desde que en abril de 2011 el Gobierno de entonces, dirigido por el socialista José Sócrates, pedía un rescate de 78.000 millones de euros para evitar la bancarrota. El Gobierno se comprometió con la troika (UE, FMI y BCE, las instituciones que prestaban el dinero) entre otras medidas, a privatizar las joyas empresariales estatales.
Todo se acelera a final de este año: el Gobierno portugués decidirá el jueves, en un Consejo de Ministros, si acepta la oferta del magnate colombiano-brasileño Germán Efromovich para hacerse, por unos 350 millones de euros, con la TAP. Financieramente hablando, la compañía puede difícilmente calificarse de joya, ya que arrastra una deuda de 1.200 millones de euros. Con todo, uno de los miembros del Comité de Empresa —que se opone a la privatización— aseguraba hace poco que la oferta de Efremovich “es una limosna”. Y añadió una razón que no cotiza en Bolsa: “Lo que no se puede hacer es vender así la soberanía nacional”.
Endeudada, avejentada (aunque con beneficios), incapaz de recapitalizarse a base de inyecciones estatales debido a que lo prohíbe la normativa europea, la TAP se encuentra en un aparente callejón sin salida. En los últimos meses, durante el proceso de venta, varias compañías internacionales se han interesado por las condiciones pero, al final, solo hay un candidato y una oferta encima de la mesa: la de Efromovich, presidente del conglomerado Synergy, con una veintena de empresas, varias compañías aéreas, entre las que se cuenta Avianca, con una facturación anual de 5.000 millones de euros, 30.000 empleados y, según el diario Público, ciertos contactos con el poderoso ministro de Asuntos Parlamentarios, el polémico Miguel Relvas. Efromovich, según la prensa portuguesa, promete enjugar la deuda de TAP, recapitalizar con 315 millones la compañía y, además, aportar otros 36 a las magras arcas del Estado. A cambio, obtiene una compañía renqueante pero con una posición estratégica ideal como plataforma para saltar al mercado europeo y al oriental. Algo así como lo que hicieron con la electricidad hace un año los chinos de Three Gorges, pero en sentido contrario.
En el Consejo de Ministros de la próxima semana (no hay consejo sin privatización este mes), el Gobierno elegirá a uno de los cuatro grupos postulantes (uno francés, otro alemán, otro brasileño y otro argentino) para vender, por más de 2.500 millones de euros, la concesión de la boyante explotación de los aeropuertos portugueses. Aquí no hay deuda, ni delicadas cuestiones relativas a la soberanía nacional sino la urgente necesidad de liquidez: la gestión de los diez aeropuertos portugueses (incluidos los de las islas de Madeira y Azores) es un buen negocio. De ahí que el precio, según varias informaciones, resulte particularmente significativo. El grupo francés Vinci, dispuesto a poner encima de la mesa una suma cercana a los 3.000 millones de euros, según informaciones especializadas portuguesas, es el favorito para alzarse con la puja, pero todavía nada es seguro.
También antes de que termine el año, según adelantó el viernes el Jornal de Negócios, el Estado venderá, por menos de diez millones de euros, los astilleros de Viana do Castelo, con 630 trabajadores y 250 millones de euros de deuda. Un grupo ruso y otro brasileño optan a hacerse con la gestión.
Y en las próximas semanas, según la prensa portuguesa, el Gobierno abordará otra operación delicada: la privatización de la televisión pública. A lo largo de los meses se ha hablado de varias alternativas: vender a otra cadena uno de los dos canales generalistas, vender el 49% de las acciones a otro grupo, o reestructurar toda la organización a base de reducirla a la espera de que la coyuntura económica mejore.
El diario Expresso aseguraba el sábado pasado que el Estado, por la privatización de su televisión, no ingresará más allá de 20 millones de euros. Pero dejará de amortizar pérdidas. Según este mismo diario, en los últimos diez años, la RTP (que ha decidido no enviar concursante a Eurovisión para ahorrar) ha recibido cerca de 1.000 millones de euros. Ya ha surgido un candidato a hacerse con la RTP, en su totalidad o en parte, en la fórmula que decida el Gobierno. Se trata del grupo angoleño Newshold, propietario del semanario portugués Sol, que el pasado viernes, mediante un comunicado remitido a la prensa portuguesa se declaró “interesado en presentar una candidatura seria”. No deja de ser paradójico (y simbólico) que, casi 40 años después de la independencia de las antiguas colonias lusas en África, un potente grupo angoleño producto de un país joven y con un crecimiento económico pujante pretenda apropiarse de la televisión emblema de la antigua metrópoli.
• El 23 de diciembre de 2011, el Gobierno de Lisboa vendió por 2.700 millones de euros a la empresa pública china Three Gorges (Tres Gargantas) —constructora de la presa homónima, la mayor del mundo— su participación mayoritaria (21,3%) en la principal empresa eléctrica del país, EDP. Fue la primera de una larga serie de privatizaciones en curso.
• El 1 de enero de este año, entraron en vigor nuevas tasas médicas. Ir a urgencias cuesta 20 euros; una consulta ordinaria, cinco euros, y una cura de enfermería, hasta cuatro euros. El Gobierno calcula que unos seis millones de portugueses quedan exentos de pagar por la atención que reciban —embarazadas, enfermos crónicos, menores de 12 años y familias con ingresos mensuales inferiores a 600 euros— y que mediante el copago el Estado se ahorrará más de 100 millones de euros.
• El 18 de enero, se aprueba una nueva reforma laboral que facilita el despido y recorta las vacaciones y los días libres.
• El 22 de marzo tiene lugar la segunda huelga general en cuatro meses contra el Gobierno conservador de Pedro Passos Coelho; la anterior fue el 24 de noviembre de 2011.
• El 7 de septiembre, el Gobierno anuncia un incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social del 11% al 18%, lo que en la práctica supone que a partir de 2013 los trabajadores cobrarán un 7% menos.
• El 15 de septiembre una manifestación de protesta contra los recortes convocada por los dos sindicatos mayoritarios reúne en las calles de numerosas ciudades del país a un millón de personas. En la celebrada en Lisboa se dan cita 600.000 manifestantes.
• El 22 de septiembre, forzado por la amplia respuesta popular, el Gobierno da marcha atrás en algunas medidas y retira su proyecto de subir las cotizaciones sociales. Pensionistas y funcionarios con salarios superiores a 1.100 euros recuperarán una paga extra (había sido suprimida un año antes).
• El 3 de octubre, el Ejecutivo que preside Passos Coelho anuncia una brutal subida de impuestos que compense el cancelado incremento de las cotizaciones sociales, con el objetivo de recaudar 4.000 millones de euros. El Gobierno aprueba una subida general del impuesto sobre la renta, con un promedio del 9,8% a un 13,2%. Se reducen los tramos del impuesto, de ocho a cinco, y se impone una sobretasa del 4%.
• El 14 de noviembre tiene lugar una nueva huelga general contra la política de recortes, el tercer paro en 16 meses de Gobierno conservador, que logra paralizar el sector público y el transporte. El expresidente Mário Soares (socialista) lanza un manifiesto contra los recortes y la política económica de Passos Coelho titulado Cambio de rumbo.
• Paralelamente, el Ejecutivo baraja nuevas medidas de ajuste para satisfacer las exigencias de la troika, ya que los indicadores económicos pronostican una caída del PIB del 3% para el año próximo.
• El 12 de diciembre, el Gobierno conservador anuncia la futura rebaja en la indemnización por despido procedente: de los actuales 20 días de sueldo por año trabajado, en el futuro solo se pagarán 12 días por año.
• Este año culminará con un rosario de privatizaciones de empresas públicas, con la aerolínea TAP, la radiotelevisión estatal y los aeropuertos como principales emblemas. El magnate Germán Efromovich ofrece 350 millones de euros por la compañía aérea de bandera, que arrastra una deuda de 1.200 millones, mientras que un grupo francés puja por hacerse con la gestión de los 10 aeropuertos del país.
Todas estas operaciones están decididas hace tiempo, de hecho, desde que en abril de 2011 el Gobierno de entonces, dirigido por el socialista José Sócrates, pedía un rescate de 78.000 millones de euros para evitar la bancarrota. El Gobierno se comprometió con la troika (UE, FMI y BCE, las instituciones que prestaban el dinero) entre otras medidas, a privatizar las joyas empresariales estatales.
Todo se acelera a final de este año: el Gobierno portugués decidirá el jueves, en un Consejo de Ministros, si acepta la oferta del magnate colombiano-brasileño Germán Efromovich para hacerse, por unos 350 millones de euros, con la TAP. Financieramente hablando, la compañía puede difícilmente calificarse de joya, ya que arrastra una deuda de 1.200 millones de euros. Con todo, uno de los miembros del Comité de Empresa —que se opone a la privatización— aseguraba hace poco que la oferta de Efremovich “es una limosna”. Y añadió una razón que no cotiza en Bolsa: “Lo que no se puede hacer es vender así la soberanía nacional”.
Endeudada, avejentada (aunque con beneficios), incapaz de recapitalizarse a base de inyecciones estatales debido a que lo prohíbe la normativa europea, la TAP se encuentra en un aparente callejón sin salida. En los últimos meses, durante el proceso de venta, varias compañías internacionales se han interesado por las condiciones pero, al final, solo hay un candidato y una oferta encima de la mesa: la de Efromovich, presidente del conglomerado Synergy, con una veintena de empresas, varias compañías aéreas, entre las que se cuenta Avianca, con una facturación anual de 5.000 millones de euros, 30.000 empleados y, según el diario Público, ciertos contactos con el poderoso ministro de Asuntos Parlamentarios, el polémico Miguel Relvas. Efromovich, según la prensa portuguesa, promete enjugar la deuda de TAP, recapitalizar con 315 millones la compañía y, además, aportar otros 36 a las magras arcas del Estado. A cambio, obtiene una compañía renqueante pero con una posición estratégica ideal como plataforma para saltar al mercado europeo y al oriental. Algo así como lo que hicieron con la electricidad hace un año los chinos de Three Gorges, pero en sentido contrario.
En el Consejo de Ministros de la próxima semana (no hay consejo sin privatización este mes), el Gobierno elegirá a uno de los cuatro grupos postulantes (uno francés, otro alemán, otro brasileño y otro argentino) para vender, por más de 2.500 millones de euros, la concesión de la boyante explotación de los aeropuertos portugueses. Aquí no hay deuda, ni delicadas cuestiones relativas a la soberanía nacional sino la urgente necesidad de liquidez: la gestión de los diez aeropuertos portugueses (incluidos los de las islas de Madeira y Azores) es un buen negocio. De ahí que el precio, según varias informaciones, resulte particularmente significativo. El grupo francés Vinci, dispuesto a poner encima de la mesa una suma cercana a los 3.000 millones de euros, según informaciones especializadas portuguesas, es el favorito para alzarse con la puja, pero todavía nada es seguro.
También antes de que termine el año, según adelantó el viernes el Jornal de Negócios, el Estado venderá, por menos de diez millones de euros, los astilleros de Viana do Castelo, con 630 trabajadores y 250 millones de euros de deuda. Un grupo ruso y otro brasileño optan a hacerse con la gestión.
Y en las próximas semanas, según la prensa portuguesa, el Gobierno abordará otra operación delicada: la privatización de la televisión pública. A lo largo de los meses se ha hablado de varias alternativas: vender a otra cadena uno de los dos canales generalistas, vender el 49% de las acciones a otro grupo, o reestructurar toda la organización a base de reducirla a la espera de que la coyuntura económica mejore.
El diario Expresso aseguraba el sábado pasado que el Estado, por la privatización de su televisión, no ingresará más allá de 20 millones de euros. Pero dejará de amortizar pérdidas. Según este mismo diario, en los últimos diez años, la RTP (que ha decidido no enviar concursante a Eurovisión para ahorrar) ha recibido cerca de 1.000 millones de euros. Ya ha surgido un candidato a hacerse con la RTP, en su totalidad o en parte, en la fórmula que decida el Gobierno. Se trata del grupo angoleño Newshold, propietario del semanario portugués Sol, que el pasado viernes, mediante un comunicado remitido a la prensa portuguesa se declaró “interesado en presentar una candidatura seria”. No deja de ser paradójico (y simbólico) que, casi 40 años después de la independencia de las antiguas colonias lusas en África, un potente grupo angoleño producto de un país joven y con un crecimiento económico pujante pretenda apropiarse de la televisión emblema de la antigua metrópoli.
Un año de ajustes y privatizaciones
• El 30 de noviembre de 2011 la Asamblea (Parlamento) aprobó el ajuste presupuestario más duro de la democracia. Los Presupuestos de 2012 son los primeros del país bajo tutela de la troika (Fondo Monetario Internacional, Comisión Europea y Banco Central Europea), que en mayo de 2011 prestó a Portugal 78.000 millones de euros para evitar la insolvencia.• El 23 de diciembre de 2011, el Gobierno de Lisboa vendió por 2.700 millones de euros a la empresa pública china Three Gorges (Tres Gargantas) —constructora de la presa homónima, la mayor del mundo— su participación mayoritaria (21,3%) en la principal empresa eléctrica del país, EDP. Fue la primera de una larga serie de privatizaciones en curso.
• El 1 de enero de este año, entraron en vigor nuevas tasas médicas. Ir a urgencias cuesta 20 euros; una consulta ordinaria, cinco euros, y una cura de enfermería, hasta cuatro euros. El Gobierno calcula que unos seis millones de portugueses quedan exentos de pagar por la atención que reciban —embarazadas, enfermos crónicos, menores de 12 años y familias con ingresos mensuales inferiores a 600 euros— y que mediante el copago el Estado se ahorrará más de 100 millones de euros.
• El 18 de enero, se aprueba una nueva reforma laboral que facilita el despido y recorta las vacaciones y los días libres.
• El 22 de marzo tiene lugar la segunda huelga general en cuatro meses contra el Gobierno conservador de Pedro Passos Coelho; la anterior fue el 24 de noviembre de 2011.
• El 7 de septiembre, el Gobierno anuncia un incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social del 11% al 18%, lo que en la práctica supone que a partir de 2013 los trabajadores cobrarán un 7% menos.
• El 15 de septiembre una manifestación de protesta contra los recortes convocada por los dos sindicatos mayoritarios reúne en las calles de numerosas ciudades del país a un millón de personas. En la celebrada en Lisboa se dan cita 600.000 manifestantes.
• El 22 de septiembre, forzado por la amplia respuesta popular, el Gobierno da marcha atrás en algunas medidas y retira su proyecto de subir las cotizaciones sociales. Pensionistas y funcionarios con salarios superiores a 1.100 euros recuperarán una paga extra (había sido suprimida un año antes).
• El 3 de octubre, el Ejecutivo que preside Passos Coelho anuncia una brutal subida de impuestos que compense el cancelado incremento de las cotizaciones sociales, con el objetivo de recaudar 4.000 millones de euros. El Gobierno aprueba una subida general del impuesto sobre la renta, con un promedio del 9,8% a un 13,2%. Se reducen los tramos del impuesto, de ocho a cinco, y se impone una sobretasa del 4%.
• El 14 de noviembre tiene lugar una nueva huelga general contra la política de recortes, el tercer paro en 16 meses de Gobierno conservador, que logra paralizar el sector público y el transporte. El expresidente Mário Soares (socialista) lanza un manifiesto contra los recortes y la política económica de Passos Coelho titulado Cambio de rumbo.
• Paralelamente, el Ejecutivo baraja nuevas medidas de ajuste para satisfacer las exigencias de la troika, ya que los indicadores económicos pronostican una caída del PIB del 3% para el año próximo.
• El 12 de diciembre, el Gobierno conservador anuncia la futura rebaja en la indemnización por despido procedente: de los actuales 20 días de sueldo por año trabajado, en el futuro solo se pagarán 12 días por año.
• Este año culminará con un rosario de privatizaciones de empresas públicas, con la aerolínea TAP, la radiotelevisión estatal y los aeropuertos como principales emblemas. El magnate Germán Efromovich ofrece 350 millones de euros por la compañía aérea de bandera, que arrastra una deuda de 1.200 millones, mientras que un grupo francés puja por hacerse con la gestión de los 10 aeropuertos del país.
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